PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 EJE
1 Estado de Derecho y Seguridad
1.6
Cultura de la Legalidad. Págs. 64-65
El
Estado de Derecho de un país se sustenta, antes que nada, en el arraigo que
tenga la cultura de la legalidad en la sociedad. El respeto a la ley es un
valor que se debe fomentar en la conciencia de los individuos desde el nivel
más elemental de convivencia social y fortalecer a lo largo de las diferentes
etapas de la vida. Si la idea del Estado de Derecho no se traduce en un sistema
normativo de cuya aplicación se deriven beneficios o costos tangibles, es
difícil que la propia cultura de la legalidad llegue a permear en la conciencia
de las personas y de las comunidades.
Para
los ciudadanos, la cultura de la legalidad significa llevar a cabo el estricto cumplimiento
de las obligaciones que la ley les impone para garantizar la convivencia social
y, por otra parte, que el ejercicio de sus derechos se realice en apego a las
disposiciones legales. Además, la cultura de la legalidad también impone a los gobernados el deber de exigir a las
autoridades el cumplimiento puntual de la ley; esto es, denunciar las
irregularidades, abusos y actos ilícitos.
OBJETIVO
11
Fomentar
el desarrollo de una cultura de la legalidad.
ESTRATEGIA
11.1 Reforzar el diseño e impartición de programas educativos para la
población, orientados a reforzar la cultura cívica, el apego a la legalidad y
el conocimiento del derecho.
La
frecuencia y gravedad de las violaciones a la ley han minado los valores de
responsabilidad social y civismo entre la ciudadanía.
Lo
más lamentable es que este abandono del principio de apego a la ley, afecta la conciencia
de niños y jóvenes acerca de los valores esenciales de la convivencia humana, lo
cual pone en riesgo la esperanza de una real vigencia del Estado de Derecho en
los años por venir.
Por
eso, se emprenderán acciones decididas para recuperar y fortalecer la enseñanza
del civismo, la historia nacional y el derecho en la educación de la niñez y la
juventud. Asimismo, se convocará a las familias, las organizaciones civiles,
laborales, gremiales y religiosas, los partidos políticos, y especialmente a
los medios de comunicación, a emprender y respaldar una campaña permanente de
revalorización de la cultura de la legalidad, de la que el Gobierno de la
República habrá de ser el más resuelto impulsor.
ESTRATEGIA
11.2 Promover una mayor profesionalización de los abogados.
Se
estima que cualquier proyecto de mejora sustantiva y procesal del actual orden
jurídico debe pasar forzosamente por la mejora en la educación y ética de los
profesionales del derecho, tanto al servicio de los particulares como del
gobierno. Por lo tanto, se adoptarán estándares que permitan la profesionalización
de los abogados, como la colegiación obligatoria y el seguimiento de códigos de
ética y de conducta, entre otros.
Un
gobierno que pretende garantizar una irrestricta aplicación de la ley necesita
de profesionales del derecho con la mejor formación posible y con un estricto
apego a códigos de
conducta
ética. Se determinarán estándares mínimos para la selección y capacitación de
los abogados que integran la Administración Pública Federal centralizada y
descentralizada.
